AA PRENSA
La Inspección General de Justicia (IGJ) sigue analizando la documentación que aportó la AFA y la Liga Profesional tras las audiencias con los auditores de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia. Aunque por ahora el organismo descarta designar un veedor, en el Ejecutivo nacional no coinciden e incluso ven con buenos ojos que eso ocurra.
“No creemos que las declaraciones obtenidas den a conocer todo”, indicó una fuente de Balcarce 50 y marcó las diferencias con el organismo dependiente del Ministerio de Justicia. No obstante, desde el entorno de la IGJ aseguraron que la designación de veedores sigue analizándose, aunque “en principio no se implementaría”. Y agregaron: “Si no hay razones, no se hará. No se persigue a nadie”.
Es por eso que aún se lleva adelante un estudio minucioso de la documentación que aportó la AFA, en el marco de la revisión de los estados contables correspondientes a los ejercicios entre 2017 y 2024. Y, en caso de que se detecten inconsistencias en la información otorgada, recién en ese momento se vería la designación de un futuro veedor.
A pesar de eso, por ahora, en el entorno judicial sorprendió que la AFA haya dado respuestas a la IGJ abriendo las cuentas de sus balances.
Qué información le pidió la IGJ a la AFA
Según pudo saber TN, la IGJ citó a los contadores que auditaron los balances de la AFA y de la Liga Profesional para entender las cifras consignadas en tales documentos, que en principio “no estaban discriminadas ni abiertas en los cuadros anexos a los estados financieros que se entregaron en un primer momento”.
Asimismo, la IGJ quiere saber qué verificaciones realizaron los auditores para confirmar que “las cifras de los balances corresponden con la realidad”.
Una fuente al tanto de la situación, sumó: “En las declaraciones se debe encontrar cuáles fueron los procedimientos de análisis que llevaron a cabo en materia de prevención de eventuales casos o supuestos casos de lavado de dinero”.
Mientras tanto, la AFA negó irregularidades contables, rechazó acusaciones de malversación y apuntó contra el Gobierno la semana pasada. También defendió el cambio de jurisdicción que realizó y aseguró que fue avalado por veedores de la IGJ y por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.
