En el pueblo, según la querella, los abusos eran un secreto a voces, pero nadie se animaba a denunciar hasta que una mamá decidió hacerlo. De los testimonios surge que los primeros hechos ocurrieron entre 2013 y 2014, aunque esos casos prescribieron.
El padre y el hermano de Santi ocupaban cargos de responsabilidad dentro del cuartel y su madre integraba la comisión directiva, lo que habría contribuido a un entramado de silencios que permitió que los abusos se ocultaran durante años, de acuerdo a lo que reveló Corigliano.
Santi está imputado por tres hechos de abuso sexual simple, un abuso sexual con acceso carnal, corrupción de menores y tenencia de pornografía infantil. En un primer momento negó los hechos, pero el 20 de noviembre de 2024 confesó durante la instrucción. Pocos días después quedó alojado en el Establecimiento Penitenciario Nº5 de Villa María.
Una prisión domiciliaria bajo la lupa
En octubre de 2025, cuando el requerimiento de elevación a juicio estaba prácticamente listo, la defensa de Santi cambió de abogado y designó a un exfuncionario judicial de la Fiscalía de Juliana Companys, que había intervenido en la instrucción del expediente.
El 19 de diciembre de 2025, ese exfuncionario judicial renunció a la defensa. Ese mismo día, la nueva abogada del imputado solicitó la prisión domiciliaria, una medida que fue concedida el 22 de diciembre de 2025 y generó una fuerte indignación
La decisión se basó fundamentalmente en un informe psicológico privado que advierte “un trastorno depresivo mayor con ideación suicida” y señala que la permanencia en prisión “podría implicar un riesgo grave para su salud psíquica”.
Corigliano sostiene que “podrían aparecer más víctimas” y remarca que Santi abusó de la confianza y del poder que tenía sobre los adolescentes durante años. La pena mínima que podría recibir es de 8 años de prisión, mientras que la máxima podría alcanzar los 20 años.
