AA PRENSA
Ayer, el Poder Judicial difundió el fallo completo que absolvió a Carlos y Adrián Saavedra por el crimen de Jimena Salas, ocurrido el 27 de enero de 2017 en Vaqueros. En el documento, los jueces detallan una extensa serie de falencias probatorias que llevaron al tribunal a descartar la acusación fiscal.
Según el análisis de los magistrados, la estructura de indicios presentada por la fiscalía “no exhibe la diversidad, correlación y concordancia exigidas por la doctrina de la Corte para transformar sospechas en convicción”. Al evaluar el conjunto de pruebas, señalaron que las mismas admiten “explicaciones alternativas plausibles” y están atravesadas por “contradicciones internas, deficiencias técnicas y ausencia total de apoyatura material objetiva”, como huellas, ADN, objetos vinculados al hecho y reconocimientos personales.
En ese marco, sostuvieron que nunca se acreditó de manera fehaciente la presencia de los hermanos Saavedra en la escena del crimen, ni su relación con los vehículos mencionados en la acusación. Por ello, consideraron inválido intentar determinar algún tipo de participación en el hecho. “El estado de inocencia no resultó vencido”, concluyeron.
Los jueces remarcaron que ninguno de los testigos que vio un automóvil oscuro pudo identificar al conductor, ni aportar rasgos físicos que permitieran vincularlo con Adrián Saavedra. Además, indicaron que las descripciones eran “vagas, genéricas y contradictorias”, al igual que las referencias sobre horarios, basadas solo en estimaciones subjetivas sin respaldo objetivo.
En su evaluación final, el tribunal afirmó que las contradicciones entre los testimonios y la teoría acusatoria impedían sostener que el vehículo visto por las testigos fuera el atribuido a los imputados.
Investigación abierta
Pese a la absolución, los jueces subrayaron que del juicio surgió prueba biológica y circunstancial que “demuestra la existencia de un segundo agresor aún no identificado”. Por ello, ordenaron mantener abierta la investigación para avanzar en el esclarecimiento integral del femicidio, bajo los estándares de debida diligencia reforzada que rigen en casos de violencia de género.
