El gobierno de Salta, a través de la Fiscalía de Estado que encabeza Juan Agustín Pérez Alsina, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una Acción de Amparo contra el Estado nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida busca revertir la suspensión de pensiones por invalidez que afectó a cientos de beneficiarios en la provincia.
La presentación, instruida por el gobernador Gustavo Sáenz, incluye además un pedido de Medida Cautelar y la convocatoria a una audiencia pública, con el objetivo de garantizar que los derechos de las personas con discapacidad sean respetados.
Según el escrito, las suspensiones fueron llevadas adelante mediante procedimientos “arbitrarios y carentes de transparencia”. En julio de este año, 129 pensiones fueron dadas de baja en Salta tras auditorías que, según la Provincia, presentaron graves irregularidades.
Entre las anomalías denunciadas figuran la falta de notificación a los beneficiarios, criterios dispares en las evaluaciones médicas y la intervención de personal sin habilitación profesional. También cuestionaron el destrato institucional hacia los afectados, quienes debieron trasladarse largas distancias sin obtener respuestas.
La Fiscalía de Estado advirtió que estas medidas vulneran derechos esenciales como la salud, la dignidad y la vida de los beneficiarios. Por ello, reclamaron a la Corte Suprema que ordene el restablecimiento inmediato de los pagos y la implementación de un sistema de auditoría transparente y accesible.
