El Senado bajó 5 decretos y sancionó la ley de fondos para las universidades y Garrahan

Con un desenlace previsto de antemano, el Senado volvió a darle un golpe político al Gobierno de Javier Milei. La Cámara Alta aprobó sin dificultades el proyecto que garantiza mayores recursos y actualizaciones automáticas para las universidades públicas, y la Emergencia Pediátrica y de Residencias, conocida como Ley Garrahanlo que abre un nuevo frente de conflicto con la Casa Rosada, que ya prepara un veto. Además, con más de dos tercios de los votos, la oposición unida derogó un paquete de cinco decretos firmados por el jefe de Estado.

El proyecto de Financiamiento Universitario se votó con 58 adhesiones, apenas 10 rechazos y las abstenciones de Andrea Cristina, Victoria Huala (ambas del PRO) y Juan Carlos Romero (Provincias Unidas). La oposición logró así sancionar una ley con amplio respaldo, aunque la disputa continuará: si el Ejecutivo veta la norma, el Congreso podrá insistir con dos tercios en ambas Cámaras.

Por su parte, la Cámara alta convirtió en ley el proyecto que declara la emergencia en pediatría por 62 votos afirmativos y ocho negativos. 

La derrota fue aplastante para La Libertad Avanza: en las votaciones que más apoyos consiguió apenas arañó los 13 votos. No contó con aliados cercanos -como los mendocinos del gobernador Alfredo Cornejo ni el cordobés Luis Juez- y las bancadas de Unión por la Patria, la UCR y los bloques provinciales se mostraron abroquelados contra los decretos impulsados desde el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger.

Qué establece la ley de financiamiento a Universidades

El texto fija que los gastos de funcionamiento de las universidades públicas deberán actualizarse "al 1º de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024". Además, durante este año las subas serán bimestrales. 

También obliga al Ejecutivo a "actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1º/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período". Todo incremento deberá "ser remunerativo y bonificable".

Otro punto central establece que, a los 30 días de sancionada la ley, se deberá "convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres (3) meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada" por el INDEC, tanto para docentes como para personal no docente.

Los cruces en el recinto

Durante el debate, el senador peronista Fernando Salino cuestionó los recortes: "En los cinco meses de 2025, se transfirió un 22,5% menos de lo que fue en primeros cinco meses de 2023". Y agregó que en aquel año la inversión en universidades fue del "0,72%" del PBI, mientras que para el actual período "se estima en 0,43%". Según sus números, el costo fiscal de la ley rondará el 0,12% del PBI.

El radical Maximiliano Abad, por su parte, lamentó la falta de políticas estructurales: "Si en 2024 se hubieran resuelto los reclamos sobre educación, salud y haberes jubilatorios, hoy estaríamos discutiendo los lineamientos de un modelo productivo integral para nuestro país, como una reforma tributaria profunda y la modernización del mundo del trabajo. Pero no, permanentemente retrocedemos, no avanzamos… vivimos tirándonos tiros en los pies, con decisiones que nos perjudican".

En ese sentido, subrayó: "No es un tema de recursos. Recursos no faltan, sino un marco legal que los ordene para las prioridades que los argentinos tienen. Gobernar sin Presupuesto es como navegar sin GPS, sin brújula y se avanza a la deriva". Y lanzó otra advertencia: "Es un error monumental pensar que el crecimiento va a ser automático por exportaciones del campo, la minería o Vaca Muerta. Tenemos a dirigentes que estén haciendo la plancha esperando que venga una avalancha de dólares".

El santacruceño José María Carambia buscó bajar la tensión política: "No venimos a votar en contra de ningún presidente, no es un partido de fútbol". En la misma línea, el radical Flavio Fama defendió la educación pública: "Cuando escucho que se roban toda la plata, como si -las universidades- fuesen una bolsa de gatos, cuando pasa más de un año y medio que estamos discutiendo estas cosas, ¿dónde están las auditorías? ¿Dónde están los autores de esas cosas tan feas que nos hicieron creer que pasaban en las universidades argentinas? ¿Qué argentino no quiere tener una universidad pública? ¿De qué estamos hablando?".

El cierre del debate quedó en manos del jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche. El senador jujeño apuntó contra la educación básica: "Uno de cada 10 niños no sabe leer. En los niveles más bajos, uno de cada 5. Uno de cada dos no puede comprender textos, y todos estos datos ponen en evidencia los muchísimos años de malos manejos en el país".

Y agregó una fuerte crítica al sistema: "Se pervirtió durante décadas y se utilizaron las aulas como lugares de lavado de cerebro y de disputa ideológica muy tristes. Se enseñaron cosas que no se debían enseñar". Como conclusión, marcó la desigualdad en la distribución de fondos: "El 4% de los egresados del país se producen en el 30% de las universidades, que se llevan el 55% del presupuesto en salarios".

Por abrumadora mayoría, el Senado sancionó la emergencia en pediatría con foco en el Garrahan
La iniciativa encontró adhesiones en los bloques Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y bloques provinciales. El rechazo fue propiciado por La Libertad Avanza y los senadores Francisco Paoltroni y Carmen Álvarez Rivero del PRO. 

El dictamen con luz verde del Congreso fija que las autoridades deberán garantizar "el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el funcionamiento adecuado de los hospitales públicos de atención pediátrica y proteger los derechos a la salud y a la vida de niños, niñas y adolescentes". Otro punto clave es que se exhorta al Ministerio de Salud a efectuar "la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales".

"Se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos. La recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023", consignó el despacho. También exime al personal de salud del pago de ganancias cuando desempeñan "actividades críticas, horas extras y/o guardias".

Además, dispone que el Poder Ejecutivo reasignará partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, y podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que "equiparar las remuneraciones de personal destinado a la asistencia pediátrica (asistencial y no asistencial) y residentes al nivel salarial de noviembre de 2023 implicaría un gasto adicional de la Nación entre julio y diciembre de $65.573 millones.

Uno de los primeros discursos lo esbozó el senador del PRO Luis Juez, que contó que su hija Milagros, con parálisis cerebral, es una ex paciente del Garrahan.

"Cuando uno se desespera, el primer mensaje que le llega a un padre es 'vayan al Garrahan'. La única esperanza que tenemos los padres cuando tenemos criaturas con problemas, la construimos en el Garrahan", relató Juez.

Luego, se refirió a la críticas que recibió por haber votado contra los intereses del oficialismo, con quien mantiene gran vínculo, especialmente con Milei: "Nadie puede decir que está hablando un senador opositor, pero no me puedo callar en este tema".

Por su parte, la senadora Alejandra Vigo exclamó: "Qué tiempos serán los que vivimos que hay que defender lo obvio". Y continuó: "Se puede tener posiciones hasta antagónicas en muchos casos, pero tratar de justificar de la manera que se pretende hacerlo, voy a creer que en Córdoba lo que falla es la salud mental".

La senadora de Unión por la Patria Alicia Kirchner pidió al Ministerio de Salud, que tiene como titular a Mario Lugones, conozca "un poco más" a la Argentina. "La timba financiera no repara y cuando se habla del poder macabro del Congreso y del futuro del país quiero responder que el futuro del país es nuestra infancia", resaltó.

Guadalupe Tagliaferri del PRO reconoció que la crisis en salud no inició con el desembarco de Milei, no obstante, afirmó que "gobernar significa reconocer un problema y solucionarlo". "No se puede cruzar el limite de tener que escuchar  que los chicos de la Argentina no tienen derecho a salud de alta complejidad", lanzó.