Mientras continúa el debate político por el veto presidencial a la Emergencia en Discapacidad, la administración libertaria encabezada por Javier Milei mantiene en marcha el operativo para revisar las Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral (PNCDL). El objetivo, según el Gobierno, es detectar y dar de baja aquellas que fueron otorgadas sin cumplir con los requisitos legales.
La decisión se refleja en una licitación publicada el 30 de julio por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en el portal Compr.Ar. El pliego prevé la contratación de 720.000 servicios postales para el envío de cartas documento a beneficiarios en todo el país, con el fin de notificar suspensiones y solicitar documentación respaldatoria.
Este proceso fue anunciado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en febrero, cuando informó que ANDIS y PAMI coordinarían la logística para revisar más de un millón de pensiones vigentes. Desde entonces, se cancelaron 110.522 prestaciones por irregularidades, además de otras 8.107 correspondientes a personas fallecidas y 10.038 que renunciaron voluntariamente.
Si bien la licitación fija un tope de 720.000 envíos, fuentes oficiales aclararon que el número final de suspensiones podría ser menor. Sin embargo, el volumen refleja que se espera una cifra significativa de casos a revisar, y que en algunos casos será necesario enviar más de una carta documento.
El pliego establece que las notificaciones deberán llegar a cualquier punto del país en un plazo máximo de 48 horas hábiles. Si la entrega no se concreta en el primer intento, habrá un segundo al día siguiente, y en caso de persistir la imposibilidad, la pieza deberá ser devuelta al remitente tras cinco días hábiles.
