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Gran parte de la estructura fue demolida y, hasta ahora, no hay confirmación oficial de que se vaya a construir un nuevo edificio. La única oficina operativa, donde se concentran guardia, atención al público y tareas administrativas fue levantada con fondos municipales, no provinciales.
La falta de patrulleros es tan grave que, según vecinos, los policías muchas veces deben usar sus vehículos particulares, caminar o viajar “a dedo” hasta localidades ubicadas a más de 26 km.
Cuando hay un hecho que requiere presencia policial, muchas veces se depende del envío de un móvil desde Rosario de la Frontera, algo que no siempre se concreta con rapidez.
Vecinos aseguran que el personal del destacamento pone toda su predisposición para cumplir con las órdenes, pero ni los jefes ni el Estado reconocen el esfuerzo. “Mientras acá no hay móviles, en las fiestas vemos a los jefes en camionetas 0 km acarreando comida”, denuncian.
