El Gobierno habilitó el acceso a la ciudadanía para extranjeros que hagan grandes inversiones en el país

El Gobierno nacional oficializó este jueves el Decreto 524/2025, que reglamenta el procedimiento para que ciudadanos extranjeros accedan a la ciudadanía argentina por naturalización mediante la realización de inversiones calificadas como “relevantes”, sin necesidad de cumplir con un tiempo mínimo de residencia.

La medida forma parte de las reformas impulsadas por el Ejecutivo para captar capitales del exterior y fue publicada en el Boletín Oficial.

El decreto establece que los interesados deberán presentar su solicitud ante la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un nuevo organismo descentralizado creado por el Decreto 366/2025, que actuará bajo la órbita del Ministerio de Economía. Este mismo ministerio tendrá la potestad exclusiva de definir qué inversiones serán consideradas “relevantes” para habilitar el trámite.

Una vez presentada la solicitud, la Agencia evaluará la inversión y, si la considera válida, iniciará una serie de requerimientos a organismos de seguridad, inteligencia y control, entre ellos la SIDE, el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera, el Registro Nacional de Reincidencia y el RENAPER. El objetivo, según el decreto, es garantizar que el otorgamiento de la ciudadanía no represente un riesgo para la seguridad nacional ni para los intereses del Estado argentino.

Con esos informes, la Agencia elevará una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que deberá resolver dentro de un plazo de 30 días hábiles si otorga o rechaza la ciudadanía solicitada.

La norma establece que quienes obtengan la ciudadanía por esta vía podrán tramitar su CUIT de forma automática ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), lo que habilita su inserción plena en el sistema fiscal y económico del país. Además, la propia Agencia de Ciudadanía será la encargada de dictar la normativa complementaria para el funcionamiento del régimen.

El esquema despertó preocupación entre especialistas y sectores de la oposición, que advierten sobre el riesgo de convertir la nacionalidad argentina en una mercancía. También señalan la ausencia de criterios objetivos y públicos sobre qué tipo de inversión califica como “relevante”, lo que podría dar lugar a arbitrariedades, discrecionalidad o incluso maniobras de lavado de activos.

Argentina, hasta ahora, exigía dos años de residencia legal continua como mínimo para otorgar la ciudadanía a personas extranjeras. Con esta nueva vía, ese requisito queda excluido si el solicitante acredita una inversión aprobada por el Ejecutivo. La medida ya está en vigencia.