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Así lo adelantó el vocero Presidencial, Manuel Adorni. El Gobierno insistirá con "la eliminación de todo beneficio de una casta”.
27 de junio de 2025
Priscila Corregidor
El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró a través de un comunicado en sus redes sociales que el Gobierno presentará la apelación para suspender el fallo que dictó la jueza Moira Fullana, a quien criticó por la decisión y por "asegurar los privilegios de la casta".
“La mafia sindical consiguió que la casta judicial, en tiempo récord, le proteja nuevamente uno de sus privilegios”, aseguró el funcionario en su cuenta de X.
En ese sentido, continuó: “Es importante aclarar que la cautelar dictada esta noche por la jueza militante Moira Fullana, suspendiendo los efectos del DNU que elimina el ‘feriado’ del 27 de junio para los empleados públicos, aplica únicamente a los representados por ATE”.
“Tan exprés fue el fallo que la incompetente Jueza Fullana se equivocó en el artículo que pretende suspender con la medida cautelar. El Gobierno Nacional presentará, de forma inmediata, la correspondiente apelación para asegurar la eliminación de todo beneficio o prerrogativa de una casta por encima del pueblo”, cerró.
El fallo dictado por la jueza Moira Fullana, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 41, dispuso la suspensión provisional del artículo principal del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 475/2024, el cual eliminaba el feriado del 27 de junio, instituido como el Día del Trabajador del Estado.
Según la información publicada, la resolución se centró en la demanda presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que solicitó el resguardo del feriado tras la publicación del decreto impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional. La medida cautelar, según detalló el despacho judicial, tiene alcance únicamente para los trabajadores representados por ATE, dejando fuera a otros empleados de la administración pública nacional que no estén afiliados al sindicato.
La jueza Fullana sostuvo en su dictamen que la eliminación dispuesta por el Poder Ejecutivo podría “lesionar derechos laborales colectivos protegidos por normativa vigente”, haciendo hincapié en que la ley 26.876 estableció el 27 de junio como un día no laborable para los agentes de la administración pública nacional. Argumentó que, ante la inminencia de la fecha y la falta de tiempo para expedirse sobre el fondo de la cuestión, correspondía otorgar la cautelar solicitada por la organización sindical, evitando así un perjuicio irreparable para los afiliados durante el proceso judicial.
Como reacción, la conducción nacional de ATE, encabezada por Rodolfo Aguiar, comunicó la satisfacción del gremio por lo que consideraron “un fallo que reconoce derechos adquiridos de los estatales”. Aguiar manifestó que “se trata de la defensa de una conquista histórica de los trabajadores del Estado”, y subrayó que la intervención judicial era necesaria frente a lo que catalogó como “un intento de avanzar sobre las condiciones laborales”.
Por su parte, tanto desde la Secretaría Legal y Técnica como desde la Jefatura de Gabinete, indicaron que la presentación de la apelación será “de manera inmediata”, buscando revertir la medida de la jueza Fullana.
La controversia judicial surge en el marco de una serie de medidas impulsadas por el Gobierno nacional para reconfigurar el esquema laboral estatal y revisar los feriados relacionados con distintos sectores del empleo público. El caso ha abierto un debate sobre el alcance de los derechos adquiridos por vía de convenios colectivos en el ámbito estatal y el margen de acción del Poder Ejecutivo para revocar feriados específicos mediante decretos de necesidad y urgencia, en un año en el que el calendario de feriados ha sido eje de debate parlamentario e intersindical.
Por ahora, el 27 de junio se mantendrá como día no laborable para afiliados a ATE, a la espera de lo que determine la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, instancia donde radica la apelación oficial.

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