Diputados trata en comisión el proyecto de baja de la edad de imputabilidad a 14 años

La Cámara de Diputados debatirá este martes en comisión el proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil que apunta a bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establecer un nuevo régimen de sanciones para los menores.

La iniciativa es impulsada por el Gobierno, por los bloques dialoguistas del PRO, UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y por algunos sectores de de Encuentro Federal.

En cambio, rechazan de plano esta propuesta Unión por la Patria (UxP), la izquierda y organizaciones de Derechos Humanos, y se sumó el domingo último el presidente de la comisión de Pastoral Social, Dante Braida.

"No nos parece que bajar la edad sea lo adecuado. Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz", expresó monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja.

Tras varias postergaciones, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (PRO), citó para mañana a las 16 al plenario de las comisiones con el fin de dar dictamen.

Ese plenario lo integran las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Familia y de Presupuesto y Hacienda, que presiden Rodríguez Machado, Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR) y José Luis Espert (LLA), respectivamente.

La estrategia del oficialismo es tener mañana firmado el despacho mayoría para tratarlo antes de fines de mayo, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

La iniciativa ya se debatió en siete reuniones el año pasado y este año hubo dos encuentros más: una el 12 de marzo y otra el 19 de marzo, previo a la sesión en la que se debatió el acuerdo con el FMI.

Fuentes legislativas precisaron que si bien el Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para condenar a un menor que cometió un delito grave, el consenso que hoy existe es que se puede bajarla edad hasta los 14, como proponen, entre otros, el diputado massista Ramiro Gutiérrez (UxP).

El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que el máximo de prisión será de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

Otro de los puntos de la propuesta del Gobierno es que para la resocialización, el régimen penal de minoridad incluya programa educativos, de formación ciudadana, deportivos y tratamientos médicos cuando sea necesario.

Además, se propone la creación de la figura del supervisor, encargado de acompañar y guiar al joven infractor en su proceso de rehabilitación y reintegración a la sociedad.

También permite revisar la pena cuando se hayan cumplido los dos tercios de la condena, para que el resto de la pena se pueda cumplir en su domicilio.

Además de la cárcel y el domicilio, el proyecto propone otros lugares para el cumplimiento de la pena como un instituto abierto o un instituto especializado de detención de menores.

Otras medidas que se podrán completar como sanciones en casos de delitos menores son prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo comunitario, monitoreo electrónico, y reparación del daño.