Milei autorizó a las Fuerzas de Seguridad a reutilizar armas secuestradas

El presidente Javier Milei dispuso por Decreto de Necesidad y Urgencia la reutilización de armas decomisadas por parte de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, con el objetivo de optimizar recursos y reducir costos en la compra de armamento, según el texto publicado en el Boletín Oficial.

El decreto dispone que, una vez concluidas las causas judiciales o administrativas, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) recibirá las armas y materiales decomisados para su depósito definitivo, tras lo cual el Ministerio de Seguridad Nacional, que encabeza Patricia Bullrich, decidirá su destino.

La normativa, que modifica la Ley N° 25.938, establece que estos bienes podrán ser destruidos o entregados a las fuerzas de seguridad para su uso exclusivo. Así, la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeronáutica y el Servicio Penitencia Federal podrán contar con esos elementos, tras la intervención de la Justicia y el ámbito administrativo del Estado.

La medida también introduce cambios en el procedimiento de decomiso y destrucción de armas, indicando que, tras una sentencia firme, la ANMAC determinará los métodos para su eliminación o su aprovechamiento con fines de interés público. En todos los casos, los materiales solo podrán ser utilizados por las Fuerzas Policiales o de Seguridad Federales.

Según los fundamentos del decreto, la decisión responde a la necesidad de fortalecer la lucha contra el crimen organizado y optimizar el uso de recursos estatales.

El Gobierno argumenta que durante años se han destruido miles de armas en condiciones de uso y que la reutilización de estos equipos permitirá reducir gastos en la adquisición de nuevo armamento, en línea con la política de austeridad y control del déficit fiscal.

Asimismo, se destaca la necesidad de garantizar una trazabilidad estricta de las armas reutilizadas para evitar su extravío o malversación. Para ello, el Ministerio de Seguridad establecerá normas de control sobre el traspaso y uso de los materiales asignados a las fuerzas federales.

El decreto entrará en vigencia de manera inmediata tras su publicación en el Boletín Oficial y será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, conforme al procedimiento previsto en la Ley N° 26.122 para el análisis de los Decretos de Necesidad y Urgencia.

A fines de octubre, el Departamento Antidrogas Litoral Rosario de la Policía Federal allanó 29 domicilios en el marco de una causa que investiga el tráfico de armas en la jurisdicción más violenta del país. Fue uno de los operativos que dejó en claro lo lucrativo que es el mercado negro de armamento.

Esos procedimientos estuvieron a cargo del fiscal Gastón Ávila y terminaron con ocho detenidos y la incautación de 56 pistolas y 66 escopetas y fusiles, la mayoría de alto calibre, indicaron fuentes policiales.

Ante situaciones como esta, hasta ahora el Gobierno estaba obligado a destruir los elementos incautados. Con el DNU que se difundió en los primeros minutos de esta noche, la situación cambiará. “La asignación de dichos bienes, que de otro modo estarían en desuso, responde a una necesidad concreta de optimización fiscal y operativa, indispensable para enfrentar los desafíos actuales en materia de seguridad”, indicó en sus considerandos el decreto firmado por Milei en acuerdo con sus ministros.

Y concluye: “Que en el contexto descripto, resulta ineludible e impostergable que el Estado Nacional adopte medidas que racionalicen sus gastos, permitiendo que ciertos bienes que se encuentren en óptimas condiciones se utilicen para reforzar la lucha contra el crimen, sin generar mayores dispendios presupuestarios”.