La medida será llevada adelante por Agencia Nacional de Discapacidad junto al PAMI e incluirá entrevistas presenciales con los beneficiarios en todo el país. Se darán de baja todas las prestaciones que no cumplan con los requisitos.
Nacional20 de enero de 2025
Priscila Corregidor
El gobierno nacional auditará más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral, tras detectar en una auditoría que el 80% de los beneficiarios no cumplían con los requisitos establecidos. Según pudo saber, la medida será llevada a cabo por la Agencia Nacional de Discapacidad junto al PAMI para chequear que se respeten los criterios de selección. En la última auditoria, realizada en diciembre de 2024, se detectó que la gran mayoría de los beneficiarios no padecía la afección que decía tener. Por ese motivo, se dieron de baja 212 pensiones que eran cobradas por presos desde las cárceles y 150 por fallecidos.
Esta auditoría se enmarca en el plan del gobierno de extremar los controles sobre las prestaciones que otorga el Estado, como la actualización de las condiciones para determinar la invalidez laboral que se publicó el jueves en el Boletín Oficial.
En los argumentos, el Ejecutivo explicó que “la normativa está nutrida de los baremos previamente confeccionados por expertos en medicina legal-laboral y en cada una de las especialidades y conocimiento de campo tanto en la valoración pericial del daño como en la evaluación de las condiciones de salud de los solicitantes de pensiones no contributivas, a lo largo de todo el país”.
En el baremo se presentó una serie de apartados que evalúan “cualitativamente” el grado de deterioro psicofísico según la condición. “La presente normativa permite contar con una clasificación para cada aparato o sistema, de los distintos grupos de afecciones psicofísicas según sean causales de incapacidad laboral suficiente para el otorgamiento del beneficio, evaluable, baja o nula”, señalaron desde el gobierno.
Cómo serán las etapas de la auditoría
En una primera etapa, los organismos encargados de la tarea realizarán un análisis exhaustivo de la situación de cada pensionado y se hará una evaluación en territorio por médicos del PAMI. Es decir, los profesionales llevarán adelante entrevistas y controles presenciales en todo el país.
Luego se procesará toda la información para constatar cuál es la situación de cada beneficiario y si cumplen o no con los requisitos para obtener el beneficio.
Finalmente, la ANDIS y el PAMI emitirán los dictámenes que determinarán si corresponde suspender o mantener la pensión.
El conflicto con las pensiones
En diciembre, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), anunció que dará de baja a casi 1800 beneficiarios de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNC IL) en la provincia de Chaco que estaban inscriptos al sistema en forma irregular o no cumplían con los requisitos.
“Siete de cada 10 pensiones por invalidez estaban mal otorgadas, no cumplían los requisitos o era fraudulentas”, dijo el vocero Manuel Adorni al anunciar la medida.
Durante diferentes operativos en las localidades chaqueñas de Taco Pozo, Sáenz Peña, Las Breñas, General San Martín, Presidente de la Plaza y Castelli, fueron citados un total de 2.689 beneficiarios, de los cuales 2344 (un 87.17%) asistieron a la convocatoria.
Entre los auditados, “únicamente 365 (el 13.58%) han resultado favorables; es decir que han cumplido con los requisitos para continuar recibiendo el beneficio”, mencionó el responsable de la comunicación presidencial.
Se detectaron 1796 (66.79%) beneficiarios que no cumplen con los requisitos necesarios para mantener el beneficio, por lo cual se los dará de baja. Hay 183 casos (un 6.81%) en proceso de fiscalización médica.
En julio, a través de una auditoría sobre pensiones por invalidez otorgadas durante gestiones anteriores, el organismo había detectado “una actividad fraudulenta a gran escala” con desvío de fondos estimados en US$3400 millones.
El Gobierno anunció entonces que pondría en marcha una auditoría total para determinar, dentro de un universo de 1.223.864 de beneficiarios de pensiones por invalidez, quiénes accedieron de manera irregular a dicho beneficio. Se sospecha que cerca de medio millón de pensiones serían “truchas”.
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