Priscila Corregidor
Un tema para el debate y la controversia se empieza a instalar en Córdoba a raíz de un proyecto de ley que propone cobrar aranceles a los residentes de otras provincias y países que se atiendan en hospitales públicos de esta provincia. La iniciativa del legislador opositor Juan Pablo Peirone (Juntos por el Cambio) hace referencia a las prestaciones de alta complejidad, los tratamientos de alto costo o las cirugías programadas, pero no a las urgencias.
El proyecto contempla el cobro de un arancel –tomando como referencia lo que paga la obra social provincial Apross– a los pacientes que vengan de otras provincias o países a solicitar tratamientos o cirugías programadas. Se basa en que el sistema de salud se encuentra saturado debido a la crisis económica nacional.
La respuesta no tardó en llegar. Marta Guerreño López, presidenta de la Unión de Colectividades y Migrantes de Córdoba, sostuvo que el proyecto es una pérdida de tiempo. “El legislador debería ocuparse de cosas que realmente hacen falta, de cuestiones urgentes y necesarias para los cordobeses, sean nacidos o no en esta provincia”, dijo.
La referente sostuvo que Córdoba no se encuentra en una zona de frontera, como Jujuy, Salta, Misiones o Formosa. “Es muy raro que una persona del exterior venga a hacerse un tratamiento acá y se vaya, salvo que tenga algún familiar. Esta no es una provincia con zonas fronterizas donde la gente pueda venir a hacerse atender y después regresar a su país”, señaló.
Guerreño López indicó que la palabra “extranjeros” hace referencia a dos situaciones muy distintas. Por un lado, hay residentes que tienen documentos argentinos o un trámite en vigencia (con certificado provisorio o “precario”, como le llaman). “En este caso, los residentes pagan los impuestos y tienen derecho como cualquier hijo de vecino a recibir salud gratuita”, expresó.
En cambio, aquellas personas que no tienen documento permanente o provisorio son tratados como extranjeros. “Los hospitales públicos no los atienden, salvo que sea una urgencia. Pueden acceder a un parto o a una emergencia, pero nunca a un tratamiento de alto costo o una terapia oncológica como dice el proyecto de ley”, acotó la mujer.
No se colocan prótesis ni se hacen cirugías programadas a extranjeros que no tengan documento argentino. “Los hospitales no los atienden, salvo que sea una emergencia. Los mandan a migraciones a hacer el trámite pertinente”, agregó.
Guerreño López aclaró que no es facultad de una provincia hacer un convenio con un país: “Eso debería fijarlo Cancillería. Es una cuestión nacional. Es imposible pretender reciprocidad con otros países. No hay forma de que otras naciones se hagan cargo de una política pública que es deficiente. En todo caso, eso no se resuelve con la legislación de una provincia sino que se tiene que tratar a nivel nacional”.
