Salvador Mazza: apelan una sentencia de nulidad a favor del exintendente Méndez

El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, presentó un recurso de apelación ante el Juzgado de Garantías N°1 de Tartagal por el decreto de nulidad absoluta de la audiencia de declaración, el decreto de audiencia de imputación y la solicitud de la elevación a juicio solicitados contra el exintendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez Salazar, dictados por el.

Entre los argumentos para dictar la nulidad, el Juez Aramayo consideró que Cazón “le recepcionó (al imputado) declaración indagatoria siete meses antes de haber efectuado el decreto de audiencia de imputación” y que “se advierten graves irregularidades en las actuaciones remitidas por el fiscal Cazón, que afectan el debido proceso penal.

Se recuerda que el decreto de audiencia de imputación resulta ser un acto inicial del proceso con la formalización de la imputación fiscal. Formulado el decreto de citación a audiencia de imputación, el fiscal debe llamar al acusado a audiencia, a fin de poner en su conocimiento, con la presencia de su defensa técnica”.

En la apelación presentada por Cazón el 29 de noviembre de 2.021 -y que fue remitida al Tribunal de Impugnación el 7 de diciembre- niega haber violado el debido proceso y advierte al juez Aramayo que confundió la fecha de notificación de la imputación con la imputación y declaración de Méndez Salazar.

En agosto de 2.021, ingresó una denuncia anónima a la web de Fiscales Penales en contra de Méndez Salazar que investigó la Unidad Fiscal compuesta por Ana Inés Salinas Odorisio (Unidad de Delitos Económicos Complejos) y Pablo Cabot (Fiscalía Penal de Tartagal). El 13 de octubre se realizaron una serie de allanamientos y secuestros que culminaron con la imputación del ex intendente por enriquecimiento ilícito; peculado (tres hechos) en calidad de coautor; peculado de servicios y trabajos en calidad de coautor; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales; incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita. También fueron imputadas otras 11 personas.