--- canonical_url: "https://bieninformados.com.ar/contenido/50334/marcha-universitaria-que-dice-el-documento-en-reclamo-de-financiamiento" title: "Marcha universitaria: qué dice el documento en reclamo de financiamiento" article_type: "Article" description: "La declaración conjunta de sindicatos, estudiantes y rectores advierte que las universidades podrían no sostener sus funciones el año próximo. Reclama actualizar salarios y becas, recuperar la inversión en ciencia y tecnología y respetar las decisiones del Congreso y la Justicia." main_image: "https://bieninformados.com.ar/download/multimedia.normal.8f27f0bdae5515d1.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-10-16T07:15:00-03:00" date_modified: "2026-10-16T07:16:49-03:00" author_name: "AA PRENSA" author_url: "https://bieninformados.com.ar/usuario/29/aa-prensa" --- # Marcha universitaria: qué dice el documento en reclamo de financiamiento ![https___thumbs.vodgc.net_1-14-9828711c55611792087067078-1792089085](/download/multimedia.normal.8f27f0bdae5515d1.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) Bajo la consigna “Defender nuestros sueños, garantizar el futuro”, la quinta Marcha Federal Universitaria volvió a poner en el centro de sus reclamos el financiamiento de las universidades públicas, el deterioro de los salarios y las becas estudiantiles, y la situación del sistema científico y tecnológico. En una declaración conjunta, el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) cuestionaron la política del Gobierno nacional y advirtieron sobre las dificultades que enfrentan las instituciones para sostener sus actividades. El documento, titulado “V Marcha Federal Universitaria: por la educación, la soberanía y la democracia”, plantea tres ejes centrales: la defensa de la educación pública, la soberanía nacional y el sistema democrático. Desde esa perspectiva, las organizaciones convocantes reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y cuestionaron tanto el accionar del Poder Ejecutivo como las previsiones presupuestarias para 2027. La declaración sostiene que la movilización expresa la voluntad de la comunidad universitaria y de la ciudadanía de exigir la aplicación de la ley. En ese sentido, recuerda que el Congreso sancionó la norma y que el Poder Judicial declaró inconstitucional la pretensión del Gobierno de anularla y estableció una medida cautelar para exigir el cumplimiento inmediato de sus artículos 5 y 6, referidos a salarios y becas. “El incumplimiento sistemático del gobierno nacional de las leyes con las que no acuerda ni ha promovido y de las medidas judiciales que lo obligan a efectivizarlas” constituye, según el texto, una expresión de la voluntad oficial de gobernar mediante decretos de necesidad y urgencia, en reemplazo de las funciones legislativas del Congreso. Por ese motivo, las organizaciones hicieron suyo el reclamo de derogación del DNU 70/23, al considerar que anula leyes aprobadas por el Parlamento y establece otras medidas sin el debate legislativo correspondiente. El documento sostiene que el Congreso tiene la responsabilidad de defender las instituciones y someter a deliberación las leyes necesarias para el país. **El financiamiento universitario y el Presupuesto 2027** Uno de los puntos centrales de la declaración es el cuestionamiento al proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo. Según las organizaciones, la iniciativa no contempla las partidas previstas en la Ley de Financiamiento Universitario ni la recuperación de las pérdidas acumuladas por el sistema universitario y científico. Frente a ese escenario, el documento advierte que las universidades nacionales enfrentan una situación presupuestaria crítica y que existe el riesgo de que no puedan sostener sus funciones durante el próximo año. “Las universidades están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene”, señala el texto. Además, afirma que la Argentina terminará por tercer año consecutivo con uno de los niveles de gasto público en educación superior más bajos de América Latina. Como contrapunto, la declaración menciona la propuesta presupuestaria elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional y elevada a las autoridades educativas. Ese planteo contempla el cumplimiento de la ley y busca recuperar la previsibilidad necesaria para el funcionamiento institucional. En concreto, las organizaciones sostienen que el presupuesto para las universidades nacionales debería incrementarse un 33,4% respecto del proyecto presentado por el Ejecutivo. También reclaman que el Presupuesto 2027 incorpore el piso de financiamiento establecido por la ley y contemple una mejora sustancial de los recursos destinados a la educación obligatoria. “No hay universidad de calidad sin un sistema educativo integrado y con capacidad de dar respuesta a las demandas y necesidades reales de nuestro pueblo”, sostiene el documento. La declaración vincula el financiamiento universitario con un modelo de país y con el desarrollo de las provincias. En esa línea, destaca la evolución histórica de las universidades argentinas, desde la formación de las élites hacia la incorporación de las clases medias y populares, y reivindica la autonomía, el cogobierno, la gratuidad, el ingreso irrestricto y la presencia territorial. También subraya el papel de la extensión universitaria en la articulación con los problemas sociales y productivos, así como la importancia de las universidades como espacios de trabajo con derechos. ## Salarios, paritarias y condiciones laborales El deterioro de los ingresos de docentes y nodocentes ocupa otro tramo central de la declaración. Las organizaciones atribuyen a la política del Gobierno nacional un retroceso persistente del poder adquisitivo y una precarización de las condiciones de vida de los trabajadores universitarios. Según el documento, esa situación amenaza las vocaciones académicas, los conocimientos acumulados y las capacidades técnicas y estratégicas que las instituciones construyeron durante décadas. ![Marcha de la UNC en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la insuficiencia del presupuesto 2027.](https://www.lavoz.com.ar/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fwww.lavoz.com.ar%2Fimages%2F2026%2F10%2F15%2F1RNs7cBIGM_632x0.jpg&w=980&q=75) *Marcha de la UNC en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la insuficiencia del presupuesto 2027. (José Gabriel Hernández / La Voz)* El texto sostiene que el Gobierno no solo incumple la Ley de Financiamiento Universitario, sino que también desconoce la institucionalidad de las paritarias, que define como un mecanismo central de regulación de las relaciones laborales. Entre los asuntos pendientes, enumera la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), la revisión del nomenclador preuniversitario, los problemas de las plantas docentes y no docentes, los fondos para capacitación, las garantías salariales y el pase de todos los montos cobrados a sumas remunerativas y bonificables. La declaración incorpora, además, una referencia a la situación de salud y previsional de los trabajadores universitarios. “No vamos a resignarnos a perder nuestra salud y nuestro derecho a una jubilación digna”, expresan las organizaciones. El reclamo salarial aparece así ligado a la continuidad del sistema universitario. Para los firmantes, el deterioro de los ingresos no solo afecta a quienes trabajan en las instituciones, sino que pone en riesgo la capacidad de sostener equipos, preservar saberes y garantizar el funcionamiento de las casas de estudio. ## Las becas y el riesgo de exclusión estudiantil El documento también cuestiona el deterioro de las políticas de bienestar estudiantil y advierte que la gratuidad universitaria no es suficiente si los estudiantes no cuentan con los recursos necesarios para permanecer en las aulas y completar sus carreras. “Las becas no constituyen un subsidio ni un gasto: son la herramienta imprescindible para garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de miles de jóvenes que necesitan del apoyo estatal para sostener sus estudios”, afirma la declaración. En particular, las organizaciones señalan la pérdida de poder adquisitivo de las Becas Progresar, cuyos montos –según el texto– permanecen congelados en $ 35.000 desde 2024. Consideran que esa suma resulta insuficiente para afrontar gastos básicos, como el transporte urbano y los materiales de estudio. A esa situación agregan las dificultades derivadas de requisitos administrativos que califican de complejos y la falta de claridad y transparencia en las convocatorias y los procesos de adjudicación. El documento también denuncia la desinversión en las Becas Manuel Belgrano y el virtual congelamiento de las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas del CIN. Según advierte, esas políticas afectan el inicio de las trayectorias de futuras generaciones de investigadores. “Desmantelar el sistema de becas no constituye una mera meta de equilibrio fiscal; representa una política de deserción forzada que amenaza con transformar a la universidad pública, una vez más, en el privilegio de unos pocos”, sostiene. La declaración relaciona esas dificultades con un cuestionamiento más amplio al presupuesto educativo. Afirma que el Gobierno rompió un consenso histórico de la sociedad argentina en torno a la educación pública y señala que el presupuesto presentado representa, según su evaluación, el nivel más bajo de la historia en materia educativa, con menos del 1% del producto bruto interno. Para las organizaciones, esa tendencia debe revertirse tanto para garantizar la continuidad de las universidades como para sostener la escuela pública. ## La ciencia y la tecnología, en situación crítica La defensa de la investigación científica y el desarrollo tecnológico constituye otro de los ejes del documento. Las organizaciones consideran que ambos forman parte de la soberanía nacional y que su distribución territorial contribuye al desarrollo integral de las distintas regiones del país. La declaración describe una reducción importante de investigadores jóvenes, una caída en la adjudicación de becas, la paralización del financiamiento de proyectos competitivos y la interrupción del acceso a las principales publicaciones científicas internacionales. También advierte sobre las consecuencias de la falta de recursos para la compra de insumos y el sostenimiento de la infraestructura necesaria para investigar. “Consolidar una línea de investigación y formar profesionales de excelencia exige más de una década de trabajo continuo, mientras que un equipo de investigación puede desarticularse en pocos meses”, señala el texto. En ese contexto, las organizaciones advierten que el problema ya no se limita a las posibilidades de expansión del sistema, sino a su propia continuidad. “Las universidades y el sistema científico-tecnológico no están discutiendo hoy sus márgenes de expansión o crecimiento, sino la preservación de las condiciones mínimas de existencia”, sostienen. La declaración vincula la pérdida de investigadores con el éxodo de profesionales formados en el país y plantea la necesidad de revertir esa tendencia. “Cada persona que sale del sistema es una carrera que se apaga, es una región que se empobrece”, afirma. Para los firmantes, defender las universidades y la ciencia significa también preservar el conocimiento dentro de la Argentina, sostener el federalismo y fortalecer la soberanía tecnológica. ## Educación pública, derechos y soberanía El documento amplía el reclamo universitario hacia una concepción más general de las responsabilidades del Estado. Entre los derechos que considera necesario garantizar, enumera la educación, la producción científica y tecnológica, la salud, el trabajo digno, la cultura, el sostenimiento de una industria nacional y la protección de los recursos naturales. También incluye la protección de la vida de la ciudadanía y la necesidad de desarrollar políticas públicas que atiendan los problemas de endeudamiento de las familias. La universidad pública es presentada como una herramienta de justicia social, movilidad social ascendente y construcción de soberanía nacional. Su papel, de acuerdo con la declaración, excede la formación profesional: comprende la producción de conocimiento, la innovación, el crecimiento económico y la construcción de un patrimonio artístico e intelectual. “Hacer ciencia es producir conocimiento, innovación y las universidades son protagonistas del ecosistema innovador que, en todas sus disciplinas, aportan al crecimiento económico y al patrimonio artístico e intelectual de nuestro pueblo”, expresa el texto. En el cierre, las organizaciones convocantes reivindican la educación pública como una herramienta indispensable para construir un país con equidad, autonomía y desarrollo social. “La universidad pública argentina no es el problema de nuestro país; es, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la solución”, concluye la declaración. El texto finaliza con una convocatoria que sintetiza los ejes de la movilización: “Por una patria democrática. Por una patria soberana. Por una patria educada”. Y concluye: “Viva la universidad pública. Viva el pueblo argentino”. La declaración lleva las firmas del Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina y el Consejo Interuniversitario Nacional. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.